| Nueva ley de arrendamiento promueve la expropiación | El proyecto de Ley de Control y Regulación de Arrendamiento Inmobiliario, que impulsan conjuntamente la Red Metropolitana de Inquilinos y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), promueve la expropiación de viviendas alquiladas, según Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
La propuesta, que se presentará a la Asamblea Nacional el próximo 2 de marzo, "busca institucionalizar la expropiación como vía de sanción, tanto al propietario de una vivienda, como al de seis", explicó el abogado.
Concretamente, el artículo 161 del proyecto legal establece que si un propietario infractor reincide por tercera vez en una falta, "y este fuera el dueño de un inmueble destinado a vivienda que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal, o de más de cinco inmuebles destinados a vivienda, la Dirección Nacional de Inquilinato dará inicio a los trámites pertinentes a fin de expropiar el inmueble o inmuebles, según sea el caso".
En el mismo apartado se incluyó que "el inmueble o inmuebles expropiados serán adjudicados a los arrendatarios que habiten al momento de la expropiación".
Orta recordó que "la Ley de Expropiaciones vigente en Venezuela no fue concebida para expropiar inmuebles y adjudicárselos a sus ocupantes, sino para la construcción de nuevas obras en propiedad del Estado".
El representante de los propietarios acotó que "actualmente no existe una Dirección Nacional de Inquilinato, sino la metropolitana y las municipales; porque la descentralización en materia inquilinaria es inconstitucional". El artículo 178 de la Carta Magna establece que son de competencia del Municipio "(...) la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria (...)".
Al abogado también le preocupa que la actual Dirección de Inquilinato no posee un presupuesto para indemnizar inmuebles. "De aprobarse el proyecto de ley, podrían realizarse expropiaciones sin que haya un pago oportuno y justo a los propietarios de los inmuebles", explicó.
Orta recordó que "este tipo de adquisiciones forzosas ya fracasó en la gestión del ex alcalde mayor, Juan Barreto, entre 2006 y 2008, cuando se expropiaron 188 edificios de inquilinos -3.760 apartamentos-, de los cuales ninguno fue pagado y nigún inquilino obtuvo la propiedad del inmueble".
La propuesta de Ley de Arrendamiento del Psuv repite, según el experto, el esquema de la Ley de Emergencia para Vivienda, porque establece que sólo se le "adjudicará" la vivienda al ocupante beneficiado por la expropiación, "cuando el deseo mayoritario de los inquilinos de inmuebles de vieja data es ser propietarios de la vivienda que arriendan".
Apiur considera que esta normativa contempla un procedimiento inconstitucional. "Al adjudicar la propiedad al ocupante del inmueble, tras decretarse una expropiación, se deja al propietario, aún no indemnizado, sin la posibilidad de ejercer sus derechos como arrendador y de cobrar sus rentas del inquilino, que tampoco será el propietario; por lo que queda un limbo jurídico tanto en la posesión, como en los gastos del inmueble".
Si se aprueba el proyecto de Ley de Arrendamiento que impulsan la Red Metropolitana de Inquilinos y el Psuv, desalojar a un inquilino de un inmueble destinado al alquiler requerirá un proceso mucho más largo y engorroso que el que prevé la legislación actual, según Roberto Orta, presidente de Apiur.
"La nueva ley crearía un largo procedimiento para que el propietario rescate su propiedad, porque incluye cinco instancias, dos administrativas y tres judiciales, que busca perpetuar al inquilino en la propiedad ajena y que el dueño no recupere oportunamente el inmueble que compró o construyó con esfuerzo", dijo el abogado.
El artículo 121 de la propuesta prevé, además, "la imposibilidad de recuperar la vivienda alquilada hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino, lo que busca eternizarlo en el inmueble y le quita validez a cualquier sentencia judicial", acotó. SA
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