| Indepabis ha recibido 7.106 denuncias por estafas inmobiliarias en todo el país | | Era una olla de presión que, finalmente, estalló. ¡Y vaya con qué fuerza! La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, Aura Rosa Hernández, explicó que este organismo ha recibido 7.106 denuncias por estafas inmobiliarias, las cuales afectan a 34.130 personas. La funcionaria indica que están involucradas 617 empresas constructoras y que la banca privada es víctima (porque también le quitaron dinero) y corresponsable (por entregar recursos a compañías sin la debida supervisión). Hernández, al inicio de la conversación con el Correo del Orinoco, empieza por poner en duda la supuesta eficiencia del sector privado en la edificación de soluciones habitacionales. "Tenemos 40 urbanismos intervenidos" por incumplimiento, expone. Cinco fueron expropiados, y el resto sometidos a la ocupación temporal y a la prohibición de enajenar y gravar (para que el problema no sea traspasado a otras personas con la venta del apartamento o la casa). Indepabis, un instituto que se dedicaba a luchar contra la especulación, asumió no sólo la recepción de denuncias, sino la responsabilidad de culminar algunas obras. -¿Cómo empezó todo? -Estas denuncias empezaron a recibirse desde hace tres años dentro de la institución. El Ministerio Público, mediante el Plan contra la Estafa y Usura, organizó la recepción de denuncias vinculadas con la estafa inmobiliaria. Esto había generado alrededor de 1.700 medidas por parte del Ministerio Público, tales como el bloqueo de cuentas de los dueños de promotoras, prohibición de enajenar y gravar bienes, prohibición de salida del país y, en algunos casos, orden de aprehensión. -¿Qué había hecho el Indepabis? -Además de recibir las denuncias a escala nacional, habíamos identificado los urbanismos y habíamos preparado medidas preventivas para proteger el derecho a la vivienda de las familias. Eran medidas como prohibición de enajenar y gravar. "Esto", añade, "es una olla de presión. Un problema estructural relacionado con la oferta de servicios en el sector construcción". DEL PARAÍSO PROMETIDO A LA PESADILLA Algunas revistas de circulación nacional se encargaban de promover algunos desarrollos urbanísticos. Bellas fotos alimentaban la ilusión de contar con un hogar adornado con jardín y, en algunos casos, piscina, sala de fiestas y otras ofertas tentadoras. Como estas publicaciones fueron el punto de partida de la pesadilla, ahora el Indepabis fiscaliza "cada una de las ofertas que aparecen, para ver cuáles son las condiciones de contratación que quieren establecer". Hernández resume cómo se consuma el engaño: una familia acude a un terreno que, habitualmente, no es más que un terreno pelado. Pero le muestran una maqueta que hace suspirar a la mamá, al papá (si existe), a la hija y al hijo, a la abuela y el abuelo. "La gente empieza a financiar directamente al constructor" con un plan de pago mensual, detalla. Para honrarlo, las personas se endeudan, venden carros, se arriman en casa de las suegras y los suegros. Es una suerte de voto de confianza que se traduce en "yo te pago, y tú construyes", que finalmente resulta violentado. A partir de las denuncias, el Indepabis ha detectado varias modalidades de estafa inmobiliaria (que, cabe acotar, no es un delito establecido como tal en el Código Penal): -La empresa no construía. "La familia pagaba y pagaba, y siempre le mostraban una casa modelo", puntualiza. -Retrasos en la edificación, siempre atribuidos a la supuesta escasez de cabillas y cemento. -Problemas con los terrenos sobre los cuales se levanta el urbanismo. Un ejemplo es el de Plaza Jardín, ubicado en Colegio de Ingenieros, donde hay una estructura del Metro de Caracas. -La obra está lista, la usuaria o el usuario ya pagó todo, pero le pretenden cobrar un ajuste con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). A quien no cumpla, le rescinden el contrato. "La gente se siente extorsionada y chantajeada", y entrega lo que le pidan. Al no tener el techo propio, pero sí estar endeudadas y hacinadas en la casa de otro, las familias sufren una conmoción interna. "En todo este tiempo han ocurrido divorcios; muertes; las personas están hacinadas, viven alquiladas", enumera. De esta mentira no escapan las funcionarias y los funcionarios públicos, aunque no todas y todos lo han admitido públicamente. -¿Estas estafas aumentaron con la Revolución? ¿Se hicieron visibles con la Revolución? -No. Esto es anterior a la Revolución. Pero, en mi opinión personal, varios factores están incidiendo: ahora, la gente tiene mayor poder adquisitivo y puede comprar inmuebles. Además, el Estado obligó a la banca pública y privada a destinar 10% de su cartera al sector vivienda. Y otro elemento es que no ha habido vigilancia sobre estos urbanismos. LAS ACCIONES Los cinco urbanismos expropiados por el Estado son: El Fortín (Miranda), El Encantado (Miranda), Lomas de La Hacienda (Carabobo), San Antonio (Yaracuy) y Mata Linda (Miranda). "El Estado tiene que terminarlos", subrayó. En algunos casos (como Mata Linda y Lomas de La Hacienda), las y los responsables se fueron del país, y le toca al Ejecutivo Nacional hacer frente a la crisis que dejaron los sujetos involucrados. La mayoría de las ocupaciones temporales en el sector inmobiliario se concentran en el estado Miranda (16), seguido por Carabobo (8), Distrito Capital (2), Yaracuy ( 2), Anzoátegui (2) y Cojedes (2). En 37 desarrollos se constituyeron Juntas Administradoras Temporales, las cuales tienen atribuciones para contratar y pagar obras, solicitar créditos y otras acciones. Las integran el Indepabis, las y los afectados y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda. Con respecto al rol de los bancos, Hernández reconoció que el Provincial ha asumido -luego del llamado público de atención que hizo el presidente Hugo Chávezla culminación de la urbanización San José del Ávila, en Caracas, en vista de que los responsables de la constructora se fueron del país. Otros casos se han resuelto por la vía del diálogo (como La Abadía, en Carabobo). Las 34.130 personas que han acudido al Indepabis a denunciar los diversos ilícitos cometidos por algunas constructuras, ¿son sólo la punta del iceberg? El tiempo lo dirá. |
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