| Edificios sin ley | Las invasiones en Caracas no afectan sólo a los propietarios pudientes de edificios, sino también a las clases populares. Así lo demuestra la situación de 270 familias en el sector La Vega, que no pueden ocupar los apartamentos que compraron porque fueron invadidos por bandas organizadas armadas supuestamente apoyadas por funcionarios policiales.
La acción se ejecutó el pasado 31 de diciembre en la noche. Aprovechando el ambiente festivo, los ocupantes tomaron a la fuerza los apartamentos de la segunda etapa de las residencias Terrazas del Ávila. Según los afectados, se trata de habitantes del sector que en muchos casos tienen sus propias casas y que actúan impunemente para obtener beneficios económicos principalemente.
En la rueda de prensa en el Multicentro Empresarial del Este, en Chacao, un vocero de los afectados contó que los invasores estaban cobrando a los dueños de los apartamentos hasta Bs.F. 2.000, para irse del lugar y permitirles que se muden.
"Me siento bastante mal porque uno hace sacrificios para poder completar el dinero y poder obtener la vivienda, y ahora nadie nos quiere dar respuesta", comentó Teodardo Palma, de 31 años de edad, uno de los afectados. Él, como muchos otros, pagó una inicial de Bs.F. 70.000 desde agosto hasta diciembre del año pasado y solicitó un crédito de Bs.F. 170.000 en el banco que estaba en proceso para ser aprobado.
Esta inversión rendiría los primeros frutos este mes, pues se suponía que en estas fechas los apartamentos podrían ser ocupados. "Teníamos la alegría de tener una casa luego de vivir quince años con la suegra, y ahora vinieron estos vivos a invadirnos", contó Borís Díaz, trabajador administrativo en la Policía Metropolitana, de 51 años de edad. Junto a su esposa, pagó Bs.F. 40.000 desde junio de 2006, sacrificando vacaciones, aguinaldos, y cambiando cestatickets en efectivo.
SIN JUSTICIA
El vicepresidente de la Asociación de propietarios de inmuebles urbanos (Apiur), Raimundo Orta Martínez, explicó que la invasión en Terrazas de La Vega se suma a las 155 que ya existen en Caracas, pese a que el artículo 115 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada y el Código Penal tipifica estos hechos como delitos.
Explicó además que el caso de Terrazas de La Vega fue denunciado en el Ministerio Público y que desde allí se remitió a la jueza penal número 50 de control. Aún esperan que la funcionaria emita una medida preventiva de desalojo, y que luego se ejecute con el apoyo de los efectivos de la Guardia Nacional.
"Respeta mis derechos, fuera invasores" coreaban los afectados presentes, quienes en su mayoría no quieren que les devuelvan el dinero pues lo recibirían devaluado por la inflación. Por otro lado hay cerca de 500 empleos directos e indirectos paralizados por la situación. El llamado de los afectados va hacia el Presidente de la República, la Fiscalía General, la Alcaldía de Libertador y la Guardia Nacional, para que les restituyan sus propiedades y hagan cumplir la ley. |
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