| La construcción de una estafa | En las escuelas y liceos de Calabozo circuló un folleto con una oferta tentadora: la construcción de townhouses de 2 pisos, con sala, cocina, comedor, 3 cuartos y 2 baños a un precio de 64.000 bolívares fuertes. Sin inicial. Corría el primer trimestre de 2006.
Tres años después, Rita Bolívar, maestra de preescolar, no tiene la vivienda con el pequeño jardín que le prometieron.
Está frente a un esqueleto de vigas y tubos, sin paredes ni fachada, en medio de un cementerio de casas inconclusas que se encuentra al este de Calabozo, en el estado Guárico.
Todas las semanas visita la construcción, que se detuvo hace 7 meses y ahora tiene apilados en una esquina, a la intemperie, bloques, tejas y arena. "Vivo arrimada con mis dos hijos en casa de mi suegra. Estoy desesperada por un techo propio", dice.
Seducida por la oferta de una casa que estaría lista en un año y que le financiarían íntegramente, fue víctima de una trama de corrupción que utilizó como plataforma al Instituto de Previsión Social para los Trabajadores del Ministerio de Educación (Ipasme).
Los 410 maestros que constituyeron la Organización Comunitaria de Vivienda Simón Bolívar de la que Rita forma parte tienen su casa a medio hacer o apenas una parcela con una losa de concreto.
Una auditoría reciente concluyó que sólo 176 viviendas, con fallas en las estructuras, están iniciadas.
Cada uno pagó 200 bolívares fuertes por el terreno. También a cada uno el Ipasme le otorgó un crédito hipotecario de 64.000 bolívares fuertes para pagar en un máximo de 30 años con una tasa de interés de 6,5%.
Cada maestro, dependiendo de su ingreso entre 1.200 y 1.500 bolívares fuertes debe pagar cuotas mensuales de entre 400 y 500 bolívares fuertes.
Además del crédito, están obligados a pagar los intereses de mora que éste genera, porque el instituto y un banco tienen hipotecas sobre la propiedad. Aunque las casas no estén, hay que pagar. Su caso se suma al drama de un país con un déficit reconocido por el Gobierno de 2 millones de viviendas.
Proyecto seductor. Los afiliados afirman que Ysauro Fornerino Guardia y Armenio Miranda Ávila recorrieron las escuelas de Calabozo para promocionar el proyecto entre los educadores. De una abultada carpeta sacaban planos, fotos y gráficos de una casa modelo.
Una vez llevaron una maqueta. "Parecían casas de Miami, con un jardincito. Los folletos tenían el logo del Ipasme", recuerda Elisa Aguirre.
Los dos hombres captaron maestros para que se integraran a la OCV que registraron en marzo de 2006 (eran el presidente y vicepresidente, respectivamente) y, de esta forma, solicitar en bloque al Ipasme los créditos hipotecarios para la construcción.
Fornerino y Miranda instalaron una oficina cerca de la plaza Lazo Martí de Calabozo.
Rosana Santana, docente de bachillerato, recuerda que les dieron facilidades para los trámites. No hubo necesidad de viajar a la sede administrativa del Ipasme en Caracas, como suele pasar. Fornerino prometía agilizar los créditos en la capital. "Lo único que tenías que hacer era llevar a esa oficina una carpeta con requisitos como la constancia de trabajo, acta de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos. `Nosotros nos encargamos", decían.
Todo era gratis".
Los primeros dividendos. El via Navas también confió en el ofrecimiento. Es madre soltera y tiene 2 niños. "Vivo alquilada en una casa rural que ni cercado tiene, pero fue lo único que conseguí. Gano 1.200 bolívares mensuales y pago 500 por alquiler", dice la maestra de cuarto grado.
Rosana agrega que 80% de los miembros de la OCV viven alquilados y el resto, arrimados.
La mayoría son docentes de tipo I o II, con sueldos que no superan 1.300 bolívares fuertes.
A mediados de 2006, 410 personas se habían afiliado a la organización. Fornerino adquirió, en nombre de la asociación, el terreno de 16 hectáreas donde estaría asentada la urbanización, que costó 20.000 bolívares fuertes. Si se toma en cuenta que cada uno de los 410 maestros pagaron 200 bolívares fuertes por parcela, Fornerino cuadruplicó la inversión y obtuvo una ganancia de 62.000 bolívares fuertes.
El reglamento del Ipasme ente que se mantiene con el aporte de 6% de los sueldos de los maestros prohíbe que se den créditos a personas que no coticen para el instituto. Y Fornerino no es docente ni trabaja en el Ministerio de Educación.
Es preparador de caballos de carrera.
Marvis Llovera, actual presidenta de la OCV, indica que Fornerino tuvo que renunciar a la directiva y el concejal del municipio Miranda de Guárico, Jorge Luis García, que sí es educador, asumió el cargo.
Socios refieren que García, vicepresidente de la Comisión de Ejidos del municipio, en su carácter de concejal, ayudó a Fornerino en la compra del terreno. Una auditoría |
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