| Fiscalía investiga casos de Los Magallanes | Ayer en la mañana el Ministerio Público, conjuntamente con la cartera de Salud, conformó una comisión especial para estudiar los casos de violencia obstétrica registrados en el área metropolitana de Caracas y que han sido denunciados a través de este medio de comunicación desde hace tres semanas.
La comisión encabezada por el viceministro de Salud, Alexis Parra, estará inicialmente enfocada en investigar las denuncias registradas en el hospital de Los Magallanes de Catia. De hecho, ayer mismo se ofició a la fiscal 130 en materia de violencia contra la mujer, Iris Montezuma, quien deberá recoger y hacerle seguimiento a los casos donde, presuntamente, se le negó a la mujer la atención oportuna de la emergencia obstétrica.
María Eugenia Amundaray, directora de Protección Integral de la Familia del Ministerio Público, informó que esta comisión va a tratar estos expedientes como un problema de salud pública.
Solicitó además la cooperación de todos los organismos involucrados con este tema de la salud, pues se deben recabar todos los elementos de interés criminalístico que permitan determinar los responsables.
Incluso habló de la violencia institucional, más allá de la obstétrica, la cual está mencionada en el artículo 54 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que reza "quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su rango retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual acude... será sancionado con multa de 50 Unidades Tributarias a 150", cada una vale 55 BsF.
La doctora citó además que este es un tema muy poco denunciado. Por ejemplo, durante el 2007 la Fiscalía procesó una denuncia, en el 2008 se consignaron seis y en lo que va de año la cifra, irrisoria para la cantidad de casos que se han publicado recientemente, llega a seis expedientes.
Como dato engorroso para las investigaciones, Amundaray se refirió a que casi nunca se consigue información exacta de los casos, pues el personal de salud no aporta los datos necesarios para seguir con el expediente, el cual prescribe a los cinco años después de haberse puesto la denuncia.
"Por ello es importantísimo que la familia denuncie a tiempo este delito". |
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